El cierre de junio marcó un hito en la recaudación por derechos de exportación, alcanzando USD 1.032 millones, según estimaciones del economista Martín Polo de Cohen. Este monto, que superó en USD 400 millones al de junio del año pasado y en casi USD 200 millones al de mayo de 2024, reflejó la aceleración en la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador. La cifra, equivalente a 1,2 billones de pesos, representó el 17% del superávit fiscal acumulado en el año, brindando al Gobierno un mayor margen para gestionar las cuentas públicas en el primer semestre. Sin embargo, este ingreso anticipado no se repetirá en la segunda mitad de 2025 debido al retorno de las alícuotas plenas de retenciones: 33% para la soja y 12% para el maíz, tras el fin de la ventana de rebaja vigente desde enero hasta junio.
La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que el agro aportará USD 32.070 millones en divisas al mercado de cambios en 2025, un leve incremento respecto a 2024, impulsado por mayores volúmenes exportados que compensarían la caída de precios internacionales. El informe destacó que, en el primer semestre de 2025, el sector ya ingresó USD 18.100 millones, equivalentes al 56% del total anual estimado, una proporción “por encima del promedio de los primeros semestres de los últimos 15 años”. No obstante, se anticipa que los aportes mensuales del agro “retrocedan sustancialmente” en los próximos meses debido al fin de las rebajas temporales en retenciones para granos gruesos, con un repunte esperado en noviembre y diciembre por la cosecha fina.
Adcap Grupo Financiero señaló que los agroexportadores, fieles a una “conducta bien conocida”, aprovecharon las últimas semanas de junio para acelerar las ventas al exterior, registrando declaraciones juradas por USD 6.500 millones, “aproximadamente tres veces el patrón histórico”. Esta estrategia respondió a la especulación sobre posibles mejoras en las condiciones cambiarias y al inminente aumento de las retenciones, que no fueron prorrogadas para soja y maíz, a diferencia de lo ocurrido con trigo y cebada, cuya rebaja se extendió hasta marzo de 2026.
Desde el sector productivo, CREA advirtió sobre los desafíos para la campaña agrícola 2025/26. Ariel Angeli, líder de la unidad de Investigación y Desarrollo de la organización, señaló que, con un derecho de exportación del 33%, “los márgenes proyectados tornarían inviable el cultivo de soja de primera en el 80% de la superficie agrícola”. Sin embargo, aseguró que, “si se considerasen los márgenes proyectados de la soja de primera 2025/26 con un precio sin derechos de exportación, entonces el cultivo sería económicamente viable en casi toda el área nacional”. La entidad estimó que, con precios y rindes promedio, “el cultivo de soja de primera no lograría cubrir los costos de producción en un 39% del área agrícola”.
Pese al impulso recaudador de junio, el Gobierno no ha detallado un plan concreto para reducir impuestos, aunque mencionó en varias ocasiones que las retenciones y el impuesto al cheque son prioritarios para una eventual baja. El anticipo del Presupuesto 2026 enviado al Congreso no incluye reducciones en las alícuotas de retenciones, proyectando su mantenimiento durante el próximo año, en un contexto donde se necesitará un superávit primario de 2,2 puntos del PBI, superior al de 2025. Esta situación genera incertidumbre sobre cómo se equilibrará la presión fiscal en un año electoral.
La finalización del esquema de retenciones reducidas para granos gruesos, que no fue extendido pese a las expectativas del sector, anticipa un freno abrupto en las ventas al exterior. Las cifras récord de declaraciones juradas y liquidaciones de divisas entre junio y julio reflejan la urgencia del agro por aprovechar las condiciones favorables antes del cambio normativo. Hacia adelante, el sector enfrenta un panorama de márgenes ajustados y menor actividad exportadora, lo que podría impactar tanto en los ingresos fiscales como en la dinámica del mercado de cambios.